La condena a pena de muerte se incrementa en Arabía Saudí afectando a los más vulnerables

Publicado el Por Arabia Watch (author), Linah Alsaafin (author), Mary Atkinson (author)

Lugar(es): Riad

Las autoridades de Arabia Saudí, tienen previsto ejecutar a unas 200 personas este año, muchas de ellas mediante decapitación en la plaza pública (fotografía: AFP)
Las autoridades de Arabia Saudí, tienen previsto ejecutar a unas 200 personas este año, muchas de ellas mediante decapitación en la plaza pública (fotografía: AFP)

 

Arabia Saudí ha ejecutado en lo que va de año un número récord de personas mientras los grupos de derechos humanos advierten que los inmigrantes y pobres -que son la mayoría de los ejecutados- luchan por acceder a la justicia.

Según las cifras del Ministerio del Interior 55 personas han sido ejecutadas en el reino en el primer cuatrimestre de 2015 cerca del total de ejecutados en todo el año anterior.

El aumento dramático de este tipo de castigo corporal,según los analistas, produce preocupación por la independencia del sistema judicial y por la falta de acceso a la defensa jurídica para los más desfavorecidos.

En 2014 fueron ejecutadas 83 personas, la mayor cifra en cinco años, este “repunte sin precedentes” en el número de ejecuciones, según Amnistía Internacional, continuará aumentando en 2015 a pesar del optimismo inicial por la ascensión del rey Salman bin Abdul-Aziz en enero.

En Arabia Saudí son punibles con pena de muerte los delitos de asesinato, violación, apostasía, y tráfico de drogas. Las ejecuciones son llevadas a cabo a menudo mediante decapitación en la plaza pública.

Los analistas dicen que en Arabia Saudí se solían ejecutar a entre 70 y 90 personas al año siendo las cifras actuales insólitas en 200 años. También, han observado que entre los ejecutados hay a un número desproporcionado de extranjeros que prácticamente no tienen acceso a la justicia sobre todo quienes no hablan árabe o lo hablan muy poco.

 

Acceso a la justicia para los inmigrantes

Los trabajadores inmigrantes y personas sin nacionalidad suponen alrededor de un 32% de la población saudí, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por el gobierno en 2013.

Las cifras muestran que entre las personas que han sido ejecutadas en la primera parte de 2015 el 38% de ellas eran inmigrantes, muchos de ellos provenientes de países empobrecidos de la región como Yemen, Pakistán y Siria.

En enero, hubo un gran clamor internacional cuando se hizo público a través de las redes sociales un vídeo de la decapitación de una mujer, Lausa Bint Muttalib Basin, en la ciudad sagrada de La Meca. En el vídeo se puede ver cómo la mujer grita hasta el último momento asegurando ser inocente.

Adam Coogle, investigador de derechos humanos especializado en Arabia Saudí, explicó que los trabajadores inmigrantes y en especial quienes no hablan árabe tienen problemas con la fiabilidad de los traductores. Mujeres inmigrantes en Arabia Saudí han confirmado este hecho a ‘Human Rights Watch’ diciendo que cuando se acabó su juicio por cuestiones laborales ellas no tenían ni idea de lo que había pasado.

Otro problema, explicó Coogle, es que muchos inmigrantes tienen un menor acceso a la defensa legal de sus causas judiciales, “los no nacionales en teoría tienen acceso a abogados pero en realidad los trabajadores inmigrantes apenas pueden pagar un alquiler",“muchos abogados saudíes los defienden de forma gratuita, pero no es algo sistemático”.

 

La justicia tampoco es favorable para todos los ciudadanos saudíes

El acceso a la justicia no sólo es injusta para los extranjeros, sino también para los ciudadanos saudíes pobres, según Radidja Nemar, especialista en el sistema legal en el Golfo en Alkama, en el Observatorio de derechos humanos independiente con sede en Ginebra.“La mayoría de los nacionales saudíes que son ejecutados provienen de entornos sociales desfavorecidos y no pueden acceder a un abogado defensor adecuado”, explicó Nemar quien citó el caso de siete hombres que fueron ejecutados en 2013 por robo a mano armada en una serie de joyerías en Abha, una ciudad del suroeste de Arabia Saudí.

El cabecilla de la banda fue crucificado en el transcurso de tres días y el resto fue fusilado en una plaza pública. Los siete hombres fueron juzgados sin la presencia de un abogado, además fueron torturados en prisión, sometidos a privación del sueño, y según se ha informado, se pusieron alucinógenos en su comida.

Diversos grupos de derechos humanos apelaron a la intervención de las Naciones Unidas para que se detuvieran las ejecuciones y denunciaron que a esa banda de atracadores se le sentenció sin representación legal. Pero la ONU no actúo con suficiente rapidez.

Uno de los atracadores admitió que habían robado pero “no hemos matado a nadie”, dijo, “nosotros somos gente pobre que no podemos defendernos. Es verdad que robamos algunos miles de riyales, pero miembros de la familia real están robando miles de millones de riyales y nadie les ha pedido que rindan cuentas de ello” se defendió.

Nemar explicó que, según la ley saudí, por el crimen de la banda de atracadores no necesariamente hubieran tenido que ser condenados a pena de muerte debido a que ellos no estaban acusados de asesinato sino de intento de asesinato. Sin embargo, los jueces tienen “mucho margen” para aplicar la sentencia de muerte para innumerables casos debido a que su sistema judicial basado en la ley islámica no determina penas específicas para cada delito.

“Básicamente, si te toca un juez severo corres un gran riesgo de ser condenado a pena de muerte”, dijo Nemar.

Muchos cuestionan el sistema judicial debido a que los jueces tienen demasiado poder, especialmente desde que la fiscalía depende del Ministerio del Interior en lugar del Ministerio de Justicia.

Este sistema, dijo Coogle, es “diferente al de casi el de todos los países del mundo” y provoca una “imagen problemática” en cuanto a la imparcialidad del sistema judicial saudí.
 
Waleed Abulkhair, un destacado abogado saudí, en 2014, fue acusado de “incitación a la opinión pública” bajo la ley antiterrorista y condenado a 15 años de prisión por quejarse de la falta de independencia del sistema judicial.
 
 
Delitos de tráfico de drogas no violentos

Las cifras demuestran que entre las personas ejecutadas en lo que va de 2015, en los casos en los que un juez decidió la sentencia, la mayoría son sentenciados a pena de muerte por tráfico de drogas sin violencia.
El 43% de las ejecuciones que se han llevado a cabo en el 2015 se han debido al tráfico de heroína o marihuana.
La gran mayoría de los condenados por este delito no eran ciudadanos saudíes, de las 24 ejecuciones por tráfico de drogas en los primeros tres meses del año, 18 de ellos eran extranjeros.
Muchos de los extranjeros condenados por narcotráfico son en realidad simples mulas y no criminales violentos.
 
Las leyes de derechos humanos internacionales no prohíben las ejecuciones y muchos países las incluyen entre sus castigos. Un informe de Amnistía Internacional advirtió el miércoles pasado del “alarmante” número de países que recurrieron a la pena de muerte en 2014, lo que supone un “intento fallido de combatir los crímenes, el terrorismo y la inestabilidad interna”.

Sin embargo, los tratados internacionales exigen que los países lleven a cabo ejecuciones sólo en los casos más graves.

“Sin duda, es discutible si Arabia Saudí solamente ejecute en los casos más graves”, quien añadió que este hecho, sumado al “asalto” a la libertad de expresión en los últimos años, supone una “burla” de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Arabia Saudí en la ONU.
“Cuando te conviertes en un miembro del Consejo de Derechos Humanos se supone que mantendrás los más altos estándares en derechos humanos. Es obvio que no lo han hecho en los últimos años, y el hecho es que el empeoramiento de los derechos es realmente preocupante”.
 

Las presiones a Arabia Saudí

Las organizaciones de derechos humanos con frecuencia critican las decisiones tomadas por los jueces saudíes sobre todo porque el índice de ejecuciones parece ir en aumento.

Sin embargo, ejercer presión sobre Arabia Saudí para que ponga fin a las flagrantes violaciones de los derechos humanos se hace más difícil por la cómoda relación que el reino mantiene con poderosas naciones occidentales.

Siendo un aliado clave de Estados Unidos, el reino del Golfo está blindado contra la rendición de cuentas, según los investigadores. 

Arabia Saudí recientemente se ha convertido en el mayor importador de armas del mundo, mientras que se cree que Estados Unidos es el segundo mayor exportador de armas del reino, por un valor de más de $5,5 mil millones solamente en 2013.

Muchos dudan que los Estados Unidos -el quinto verdugo más prolífico del mundo- pueda poner en peligro sus considerables intereses comerciales en el reino recriminando el historial de derechos humanos saudí.

El mes pasado Suecia canceló un lucrativo contrato después de una disputa muy pública sobre los derechos humanos, lo que desató la ira de los comerciantes y empresarios suecos. Nemar con respecto a esto dijo que considera “que no se trata sólo de los lazos comerciales y del petróleo. Se trata también de la seguridad internacional. Arabia Saudí es una parte clave de todas las estrategias que intenta aplicar Occidente en Oriente Medio”.

Coogle cree que aunque haya cambios en Arabia es poco probable que afecten al poder judicial, responsable de las sentencias de muerte, “todo el poder judicial es esencialmente un brazo de la jerarquía religiosa, y la posibilidad de influir en ellos a través de la atención negativa de los medios es muy escasa, viven en un mundo diferente. Para que cambien las cosas haría falta un replanteamiento importante en la sociedad”, expuso.

Mientras tanto, muchos dentro y fuera de Arabia, siguen quejándose de que su sistema judicial se reserva los castigos más duros para los más vulnerables en la sociedad. En su mensaje final, los siete hombres condenados a muerte por robo a mano armada abogaron por una revisión completa del sistema de justicia saudí y que “se promulgue la justicia para los que roban miles de millones y corrompen la nación,no para las víctimas del desempleo y la pobreza".

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