Siete años después, el movimiento a favor de la democracia en Bahréin en riesgo de destrucción

Publicado el Por Husain Abdulla (author), Arabia Watch (author)

Lugar(es): Manama, Baréin

Manifestantes contra el régimen bahreiní se dirigen hacia la Plaza de la Perla, el punto principal de las manifestaciones a lo largo de dos semanas, Manama, 1 de marzo de 2011 (fotografía: AFP)
Manifestantes contra el régimen bahreiní se dirigen hacia la Plaza de la Perla, el punto principal de las manifestaciones a lo largo de dos semanas, Manama, 1 de marzo de 2011 (fotografía: AFP)

 

Siete años.

Ese es el tiempo transcurrido desde que las protestas de la Primavera Árabe se extendieron por todo Oriente Medio generando esperanzas de reformas democráticas en los bastiones más autocráticos de la región.

Es también la duración de la sentencia de prisión que tendría que cumplir ahora si escribiera este artículo en mi país de origen, Bahréin, donde prácticamente es ilegal debatir la forma en que el gobierno aplastó nuestro propio capítulo en ese movimiento regional. Han pasado siete años y pocas cosas resumen mejor el precipitado descenso del reino hacia una represión casi total que hace que la mayoría de los bahreiníes ni siquiera puedan hablar de ella.

 

Jugando a la conciliación

Inmediatamente después del levantamiento de febrero de 2011, la monarquía gobernante en Bahréin de los Al-Khalifa jugó a la conciliación. El rey estableció una comisión independiente que investigara los abusos e incluso aceptó sus recomendaciones para llevar a cabo reformas.

Se conmutaron las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares, se reconstruyeron las mezquitas de la marginada mayoría chií que habían sido demolidas y se despojó oficialmente de sus poderes a la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) –la policía secreta de Bahréin- por secuestrar disidentes de sus hogares.

 

A partir de ahí empezó el retroceso.

Desde 2012, las autoridades sentaron las bases para restringir totalmente las libertades civiles en una red de prohibiciones superpuestas. Insultar al rey, extender noticias falsas, ofender los símbolos nacionales, reunirse sin autorización, emitir sencillamente cualquier “comunicado contra el enfoque adoptado por Bahréin” quedaba todo ello criminalizado mientras el draconiano marco legal del país iba creciendo hasta abarcar cualquier forma de disidencia y exigir castigos aún más severos.

En 2016, el gobierno desveló toda la fuerza de esta maquinaria represiva. En cuestión de meses, las autoridades arrestaron a Nabil Rajab, el principal defensor de los derechos humanos en Bahréin; revocó la ciudadanía de la principal personalidad chií, el jeque Isa Qassim; incrementó la discriminación contra los chiíes atacando a docenas de clérigos y cerrando las instituciones religiosas; y disolvió por la fuerza el mayor grupo político en el reino, Al-Wefaq. (Cuando el otro grupo importante de la oposición –una organización laica de izquierdas- manifestó su alarma por la disolución de al-Wefaq, el gobierno la cerró también).

 

El año más sangriento en décadas

Pero fue en 2017 cuando el gobierno abandonó totalmente cualquier pretensión de reforma, revocando todo aquello a lo que se había comprometido en 2011. Al terminar, 2017 se había convertido en uno de los años más sangrientos en Bahréin en décadas.

El primer decreto del año del rey restauró los poderes de la ASN, propiciando que una de las instituciones de seguridad más infames del país recuperara de inmediato sus viejas prácticas. En tan sólo pocas semanas, el 26 de enero, agentes enmascarados, que se cree eran agentes de la ASN, atacaron una sentada pacífica en los alrededores de la casa del jeque Isa Qassim, en Diraz, disparando munición real contra la multitud, matando a Mustafa Hamdan, de 18 años.

Tras el tiroteo, la ASN arrestó a un paramédico que estaba atendiendo en el lugar a Hamdan.

Ese mismo mes, el gobierno ordenó que un pelotón de fusilamiento ejecutara a tres supervivientes de las torturas, poniendo fin de facto a una moratoria de la pena capital anterior al levantamiento de 2011. El juicio se vio tan profundamente afectado por violaciones del proceso debido que un relator especial de las Naciones Unidas consideró que las ejecuciones resultantes eran “extrajudiciales”, un juicio cruelmente enfatizado por las autoridades cuando enviaron las ropas empapadas de sangre de los muertos a sus familias.

Después, el 23 de mayo de 2017, Bahréin vivió su día más violento desde que el rey subió al trono cuando las fuerzas de seguridad lanzaron una operación masiva contra la sentada de Diraz. Con disparos y latas de gas lacrimógeno, las autoridades hirieron a cientos de manifestantes y mataron a cinco, incluido el hermano mayor del fallecido Mustafa Hamdan.

Pero, en el interim, Bahréin ha sido recompensado, y no precisamente castigado, por sus socios internacionales. La administración Trump se deshizo de las restricciones de la reforma de la era Obama a los acuerdos multimillonarios sobre compra de armas, mientras el Reino Unido seguía canalizando millones de libras a las prisiones y la policía de Bahréin.

Con luz verde dentro y fuera de casa, la ASN procedió a lanzar una campaña de represalias sin cuartel contra los activistas independientes de la sociedad civil, secuestrando y torturando a defensores de los derechos humanos como Ebtisam al-Saegh. El rey llegó hasta a normalizar los tribunales de seguridad de emergencia de 2011, enmendando la constitución para permitir la celebración de juicios militares para los civiles y la Fuerza de Defensa de Bahréin emitió sus primeras seis condenas a muerte bajo el nuevo sistema el día de Navidad.

En ningún momento el gobierno ha hecho que los responsables principales de estos abusos rindan cuentas por sus crímenes. Mientras miles de bahreiníes normales y corrientes se enfrentan a todo tipo de acosos judiciales absurdos –y mientras los fiscales demuestran una creatividad sin límites a la hora de falsear acusaciones contra los activistas-, el gobierno se ha mostrado visiblemente incapaz de procesar o siquiera investigar a los altos funcionarios.

 

Impunidad rampante

Desde 2011, tan sólo se ha enjuiciado un pequeño número de responsables de bajo nivel, con una mayoría de sentencias inconmensurables con la severidad de la transgresión. Mientras tanto, los dirigentes militares como el jeque Naser bin Hamad –el hijo del rey- nunca han tenido que enfrentarse a investigación alguna, a pesar de las pruebas de la implicación de su personal en torturas que hicieron que el Reino Unido revocara su inmunidad real.

Mientras el gobierno intensifica su control sobre la disidencia, la impunidad de los delitos contra periodistas ha seguido aumentando particularmente. En junio de 2017, las autoridades suspendieron indefinidamente Al-Wasat, el único periódico independiente de Bahréin, obligándolo finalmente a cerrar. Al-Wasat se había convertido en blanco del gobierno desde 2011, cuando la ASN torturó hasta la muerte a su cofundador Karim Fakhrawi.

Incluso entonces, cuando las autoridades investigaron el caso ante la presión pública, los responsables fueron acusados no ya de tortura –que implica prisión perpetua- sino de un delito menor que sólo exige tres años.

Del mismo modo, el próximo mes se cumplirá el sexto aniversario del asesinato a tiros del periodista Ahmed Ismael Hassan. Aunque la ONU pidió una investigación, su asesinato sigue sin resolverse.

Más que ningún otro factor, es este problema aparentemente insoluble -que la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin llamó “cultura de la impunidad”-, el que produce el deterioro incesante de la situación de los derechos humanos en Bahréin.

No obstante, desde mucho antes de que se produjera el levantamiento de 2011, se había permitido deliberadamente que tal situación se fuera pudriendo, acelerándola incluso. Fue una de las principales razones por las que miles de bahreiníes tomaron pacíficamente las calles hace siete años, en defensa del Estado de derecho universal.

Y será, sin duda, una de las principales razones de que tomen de nuevo las calles.

Sin embargo, los dirigentes de Bahréin sólo han redoblado su compromiso con un Estado de derecho rudimentario. Es por tanto incumbencia de la comunidad internacional presionar para que se lleven a cabo reformas urgentes antes de que el próximo levantamiento popular se encuentre con una brutalidad despiadada.

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