El gobierno militar de Burkina Faso ha suspendido las emisiones de France 24 después de que la cadena de televisión emitiera una entrevista con el jefe del ala norteafricana de Al Qaeda.
El canal de noticias emitió este mes la entrevista con Yezid Mebarek, también conocido como Abu Ubaydah Yusuf al-Anabi, que reclamó el título de "emir de Al Qaeda en el Magreb Islámico" (AQMI) en 2020 después de que una redada francesa acabara con la vida de su predecesor.
Al entrevistar al jefe de AQMI, "France 24 no sólo actúa como portavoz de estos terroristas, sino que, lo que es peor, ofrece un espacio para la legitimación de las acciones terroristas y el discurso del odio", declaró el lunes en un comunicado el ministro de Comunicación de Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo.
En respuesta, el canal afirmó que la medida se basaba en "acusaciones infundadas".
"El canal nunca le dio la palabra directamente", afirmó France 24 en un comunicado el lunes, añadiendo que optó por informar únicamente de lo que dijo el entrevistado a través de una conversación en el estudio con uno de sus periodistas.
Las relaciones entre París y Uagadugú se han deteriorado mucho desde que los militares de Burkina Faso tomaron el poder en un golpe de Estado en octubre.
En diciembre de 2022, Uagadugú suspendió las emisiones de Radio France International, emisora también financiada por el gobierno francés, por lo que calificó de informaciones falsas y dar voz a grupos armados.
Un mes después, Burkina Faso dio a Francia, su antiguo colonizador, un mes para retirar sus tropas, al poner fin a un acuerdo militar que permitía a las fuerzas francesas combatir a grupos armados en su territorio.
En los últimos años ha aumentado el sentimiento antifrancés en algunas zonas de África Central y Occidental, algunas de las cuales estuvieron bajo administración colonial francesa hace tan sólo medio siglo.
En marzo del año pasado, el vecino Malí también suspendió las emisiones de France 24 y de la radio internacional RFI, financiada por el Estado francés, acusándolas de informar sobre "acusaciones falsas" de que el ejército había matado a decenas de civiles. Esas acusaciones fueron formuladas por las Naciones Unidas y Human Rights Watch, un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos.
