El gobierno egipcio debe anular las duras penas de prisión impuestas el 5 de marzo tras un juicio masivo a 29 personas, afirma Human Rights Watch.
Los activistas condenados pertenecen al grupo de derechos humanos Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades (ECRF) y han sido perseguidos "únicamente por su activismo pacífico", según la organización de defensa de los derechos humanos.
El Tribunal de Seguridad del Estado de Emergencia de Egipto dictó penas de prisión de entre cinco años y cadena perpetua por dirigir un grupo terrorista o unirse a él, en este caso la Coordinadora Egipcia por los Derechos y las Libertades, que, según afirman, forma parte de los Hermanos Musulmanes.
Entre los condenados se encuentran Aisha Al-Shater, Houda Abdel Moneim, Ezzat Ghoneim, Mohamed Abu Horarira y el ex secretario general Mahmoud Hussein.
La mayoría de los acusados fueron detenidos en 2018 en el marco de una ofensiva nacional contra la disidencia.
Dos abogados, Ezzat Ghoneim y Mohamed Abu Horarira, fueron condenados a 15 años de prisión cada uno. La esposa de Abu Horarira, Aisha Al-Shater, hija del líder de la Hermandad Khairat El-Shater, fue condenada a diez años.
Tras su puesta en libertad, los 29 acusados quedarán en libertad condicional supervisada por la policía y en la lista de terroristas, lo que significa que se congelarán sus bienes y se les prohibirá viajar.
Dado que las sentencias fueron dictadas por un tribunal de emergencia, no pueden recurrirse, sólo pueden ser anuladas por el propio presidente.
El tribunal también ordenó el cierre del sitio web de la Coordinadora Egipcia por los Derechos y las Libertades.
Los juicios masivos han sido muy criticados por los grupos de derechos humanos porque a menudo se detiene arbitrariamente a los acusados con poca o ninguna justificación, y sus casos no se juzgan individualmente. La tortura es muy habitual para extraer confesiones.
Las crueles penas de prisión demuestran que el gobierno de Abdel Fattah Al-Sisi "no se toma en serio las reformas", afirma el director para Oriente Medio y Norte de África de HRW, Eric Goldstein. "Para las autoridades, el activismo pacífico debe ser reprimido y castigado".
