El Consejo para los Refugiados ha afirmado que el coste de detener y alojar a personas en virtud del proyecto de ley de inmigración ilegal del gobierno podría ascender a más de 9.000 millones de libras (10.600 millones de dólares) en los tres primeros años.
La organización benéfica dijo que la cifra forma parte de una evaluación de impacto del proyecto de ley basada en que el Ministerio del Interior podría expulsar a 30.000 personas y enviarlas a Ruanda, detener a personas durante 28 días y alojar a otras.
Más de 190.000 personas podrían ser encerradas u obligadas a la indigencia en virtud de las nuevas medidas represivas, según el Consejo para los Refugiados.
El proyecto de Ley de Migración Ilegal del gobierno incluye planes para detener a la mayoría de las personas que lleguen en embarcaciones a través del Canal de la Mancha durante 28 días sin fianza ni revisión judicial.
El nuevo proyecto de ley, si lo aprueba el Parlamento, impedirá a los solicitantes de asilo presentar reclamaciones contra la deportación hasta después de haber sido expulsados.
La ministra británica del Interior, Suella Braverman, ha declarado: "Debemos detener los barcos y eso es lo que hará nuestro proyecto de ley. No más tiritas ni rehuir las decisiones difíciles".
La semana pasada, cientos de personas se concentraron ante el Parlamento de Londres para protestar contra el nuevo proyecto de ley y mostrar su solidaridad con las personas que buscan refugio en el país.
El ACNUR ha dicho que la legislación supondría una "prohibición del asilo" y que estaba "profundamente preocupado" por la misma.
La mayoría de las personas que serán detenidas en virtud de la nueva legislación proceden de Eritrea, Sudán, Siria e Irán, según la organización benéfica.
