Las protestas en todo Israel continuaron a última hora del martes, después de que el Parlamento aprobara en primera lectura un proyecto de ley que limita la capacidad del Tribunal Supremo para anular leyes que considere inconstitucionales, un elemento clave de un paquete de reformas judiciales.
El texto fue aprobado poco antes de las 3 de la madrugada (1 de la madrugada GMT) por 61 votos a favor y 52 en contra, aunque aún deberá ser aprobado en segunda y tercera lectura antes de convertirse en ley.
El proyecto de ley dificulta al Tribunal Supremo la derogación de leyes que contravengan las Leyes Fundamentales, exigiendo que una mayoría de 12 miembros de un panel de 15 jueces se pronuncie a favor.
También permitiría al Parlamento, con una mayoría simple, invalidar las decisiones del Tribunal Supremo que deroguen leyes y negar a éste el derecho a revisarlas.
Antes de la votación de ese proyecto de ley, los legisladores también aprobaron en primera lectura otro que limita considerablemente las posibilidades de destitución de un primer ministro.
El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, cuya coalición gobernante incluye partidos ultraortodoxos y de extrema derecha, presentó su paquete de reformas judiciales en enero.
Siguieron diez semanas consecutivas de manifestaciones en todo el país. Los críticos afirman que el paquete pretende dar más poder a los políticos en detrimento del poder judicial y proteger a Netanyahu, que se enfrenta a acusaciones de corrupción.
Netanyahu y su ministro de Justicia sostienen que los cambios son necesarios para restablecer el equilibrio entre los cargos electos y el Tribunal Supremo.
Las reformas también otorgarían a la coalición gobernante más poderes en el nombramiento de jueces.
El presidente israelí, Issac Herzog, que en su papel principalmente ceremonial ha intentado mediar en el diálogo, pidió el jueves a la coalición que detuviera la legislación, calificándola de "amenaza para los cimientos de la democracia".
El lunes, destacados académicos presentaron al Parlamento una versión de compromiso de las reformas destinada a "evitar el caos constitucional", y el presidente de la Comisión de Derecho del organismo afirmó que la versión podría constituir "una base para las negociaciones" con los opositores al plan gubernamental.