El lunes 20 de junio de 2022, el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, amenazó con devolver a los refugiados sirios si la comunidad internacional no cooperaba con su país para asegurar su regreso a Siria.

“Después de 11 años desde el inicio de la crisis siria, Líbano ya no tiene la capacidad de soportar toda esta carga, especialmente en las circunstancias actuales”, dijo Mikati desde la sede del gobierno. Añadió: “Pido a la comunidad internacional que coopere con el Líbano para devolver a los sirios desplazados a su país, de lo contrario, la posición del Líbano no será deseable”.

Estas declaraciones se dieron durante el lanzamiento del “Plan de Respuesta a la Crisis del Líbano para 2022-2023” por invitación del Ministerio de Asuntos Sociales y en presencia de la Coordinadora Humanitaria de las Naciones Unidas en el Líbano, Najat Rushdie, según informó Agence France Presse.

En mayo de 2022, el ministro libanés de Asuntos Sociales, Hector Hajjar, hizo declaraciones similares, en las que confirmó que Líbano no podía acoger a este gran número de refugiados sirios, a pesar de su compromiso con el principio de no devolución. Consideró que “el Estado está comprometido con el principio de no devolución de los desplazados, pero la situación ya no es soportable y el Estado libanés ya no puede asumir el costo de mantener la seguridad en los campamentos de desplazados y las áreas en que están dispersos”.

El lunes, Líbano exigió 3.200 millones de dólares para hacer frente a las repercusiones del asilo sirio en su suelo, según un comunicado de Naciones Unidas, que dijo que había proporcionado 9.000 millones de dólares en ayuda como parte del plan del Líbano para responder a la crisis desde 2015.

Sin embargo, las sucesivas crisis del Líbano sumieron a grandes segmentos de los libaneses en la pobreza extrema, lo que exacerbó el descontento público con la presencia continua de refugiados sirios. Líbano, que en 2020 no pudo pagar su deuda externa por primera vez en su historia, sufre una disminución de la reserva de dólares, lo que ha impedido que las autoridades proporcionen los servicios más básicos, como combustible, medicamentos y electricidad, debido al deterioro de los servicios públicos estatales.

Por su parte, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la devolución forzosa de refugiados sirios, señalando que han documentado casos de detención y tortura por parte de las autoridades sirias contra retornados.

Líbano, inmerso en su peor crisis económica e incapaz de proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos, incluidos electricidad y combustible, alberga a 1,5 millones de refugiados sirios, según estimaciones oficiales, que representan alrededor de un tercio de su población.